13/12/2007

El arzobispo de Granada condenado

El arzobispo de Granada condenado

Permalink 12.12.07 @ 23:58:18. Archivado en Europa, Pragmática, España, Sociogenética, Antropología, Ética, Religiones, Educación, Pro justitia et libertate

Nuestro dossier de prensa del 17 de noviembre 2007 intentó responder al justo deseo de muchos de nuestros Amigos universitarios, que no quieren juzgar a la ligera los gravísimos hechos que están sucediendo en la archidiócesis de Granada. En aquél dossier nos limitamos a esclarecer los antecedentes y concomitantes del juicio que tenía lugar aquellos días en Granada. Nuestro propósito fue que sirviera de complemento a nuestro artículo Los derechos humanos de los curas del 16.11.07.

Nuestro dossier de hoy se limita a informar sobre el desarrollo del mismo juicio y sobre su principal consecuencia, que ha sido la condenación del arzobispo por un delito de coacciones y una falta de injurias contra el cura que lo denunció.

Recordemos que es la primera vez que un obispo español se sienta en el banquillo de los acusados. El cura universitario que le ha acusado, ha mantenido en el juicio que el arzobispo de Granada le amenazó. Recordemos igualmente que este sacerdote ha sido gravemente penalizado ya, fuera de todo proceso, por su arzobispo, que no solamente lo ha destituido de sus funciones de archivero de la catedral, de canónigo y de catedrático de la facultad de teología, sino que lo ha suspendido "a divinis", lo que significa que le ha retirado toda posibilidad de ejercer sus funciones sacerdotales.

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El arzobispo de Granada, condenado a una multa de 3.750 euros por coacciones e injurias a un sacerdote
El delito de coacciones se refiere a la intimidación que ejerció contra el demandante para que paralizara la publicación de un libro sobre la Catedral de Granada.

EFE - 10/12/2007 12:24

El arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal 5 de Granada al pago de una multa de 3.750 euros por un delito de coacciones y una falta de injurias contra un sacerdote que lo denunció.

Según ha informado el letrado de la acusación, el delito de coacciones se refiere a la intimidación que supuestamente ejerció contra el sacerdote, Javier Martínez Medina, para que paralizara la publicación de un libro sobre la Catedral de Granada.

Por este delito, el titular del Juzgado de lo Penal 5 de Granada, Miguel Ángel Torres -instructor del caso Malaya- condena al arzobispo al pago de una multa de 10 euros durante 12 meses, mientras que por la falta de injurias le impone una multa de 10 euros durante 15 días.

El sacerdote acusaba al prelado de dos delitos de coacciones, uno de calumnias continuado o alternativamente de injurias continuado, así como de acoso moral y lesiones psicológicas.

La Fiscalía elevó por su parte a definitiva su petición de absolución para el arzobispo, al que consideró, durante la última sesión del juicio, "víctima" de un caso "insólito y único en España".

Durante el juicio, celebrado el pasado mes de noviembre, el arzobispo defendió su libertad de actuación como responsable de la Diócesis y aseguró que nunca quiso dañar al sacerdote querellante.

El prelado, que se convirtió en el primer arzobispo español en sentarse en el banquillo de los acusados, negó ante el juez haber amenazado o presionado al clérigo, cuya destitución como canónigo, retirada de la Cátedra de la Facultad de Teología y suspensión a divinis justificó en una "pérdida de confianza".

El cura denunciante se querelló contra el arzobispo después de que en febrero del año pasado acabara sin avenencia el acto de conciliación en el que estaba llamado a participar el prelado tras ser demandado por aquél por injurias y calumnias.

El sacerdote sostenía que el arzobispo le había injuriado y calumniado en una carta en la que le acusaba de una apropiación indebida relacionada con su trabajo de archivero y de quedarse con los derechos de propiedad intelectual de un libro sobre la Catedral de Granada, cuyos autores demandaron también al prelado.

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El arzobispo pasa a la historia como el primer prelado condenado por un delito
El juez impone una multa de 3.750 euros por coacciones e injurias y concluye que presionó a Martínez Medina «hasta límites insoportables»
El fallo atribuye la actuación de monseñor a su enemistad con CajaSur

por ROCÍO MENDOZA. Ideal, 11-12-07.

Sí. El arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez Fernández, tenía toda la potestad para cesar al cura Martínez Medina de su cargo de Archivero y Conservador de la Catedral de Granada, para no permitirle el uso del despacho que ocupaba, para quitarle el proyecto del libro que preparaba y para apartarlo de su puesto de canónigo si así lo estimaba conveniente. Pero no. No estaba legitimado para suspenderlo como sacerdote ni para privarlo de su sueldo durante seis meses como métodos de presión para lograr un fin «injusto»: obligarlo a paralizar a toda costa la publicación de un libro que no era de su agrado porque tenía impreso el espíritu de CajaSur, entidad con la que estuvo enfrentado. Esto último, en términos legales, constituye una coacción. Y en la Justicia terrenal esto es un delito condenable en los tribunales.

Junto a ello, acusar -y por escrito- a una persona de apropiarse de bienes de la Iglesia y de extorsionar a esta última sin tener fundamento alguno, a modo de «descalificación gratuita», es «atacar de forma inadmisible el honor» del destinatario de tales expresiones, o sea, injuriar. Y esto también está recogido en el Código Penal.

Histórico

Con estos dos argumentos el juez de Lo Penal número 5 de Granada, Miguel Ángel Torres, ha escrito un capítulo inédito en la historia de la Justicia española. Y, de paso, en la de la Iglesia. En ellos basa una sentencia que ha convertido a monseñor Martínez en el primer obispo, español y europeo, condenado en la vía penal. La pena impuesta es el pago de una multa de 3.750 euros por el delito de coacciones y la falta de injurias ya descritos.

Los citados son los pilares que sustentan la condena. Pero no son los únicos. El juez desgrana en 43 folios de expresión diáfana todas las circunstancias que rodearon al conflicto entre monseñor Martínez Fernández y el cura Martínez Medina. El juez considera «probado con nitidez» que el arzobispo estaba enemistado con CajaSur y quería eliminar cualquier relación de esta entidad con la Iglesia en Granada cuando tomara posesión, así como frustrar sus proyectos.

Entre estos se encontraba en marcha -con los textos ya en imprenta- un libro sobre la Catedral, que había sido coordinado por Martínez Medina. Archivero y Conservador de la Catedral, hombre de confianza de Cañizares y la persona de CajaSur en Granada.

El juez recuerda que la defensa y el arzobispo, se han empeñado en negar sus conflictos con la citada entidad y con Castillejo, cuando en realidad no constituye delito alguno. Ahora bien, sí explica -según el juez- los motivos personales que llevaron a monseñor Martínez a vetar el citado proyecto y a presionar a Martínez Medina para que la publicación no se llevase a cabo. En cuanto tomó posesión, conminó a Martínez Medina a que dejase su cargo de Archivero y Conservador. Se lo dijo por teléfono y en la sacristía el día de Navidad. «Al margen de que resulte llamativo», no hay nada penal en esto. Pretendía que renunciara, pero el cura no aceptó y pidió el cese formal. Así que el arzobispo lo hizo por escrito y cometió un «desliz»: puso como motivo «tus vínculos con CajaSur». Sin darle tiempo a reaccionar, le cambiaron las cerraduras del despacho en el que trabajaba.

Las formas

Cuando el cura quiso regresar a por sus cosas, fue vigilado por miembros del Cabildo y él llevó a un Notario para evitar problemas sobre lo que se llevaba. Esto fue considerado por la acusación como una coacción. No obstante, el juez lo rechaza. «No reviste entidad penal» el hecho de privarle del uso del despacho, ya que no está considerado «su domicilio o un espacio reservado». Además, no ve pruebas de que el arzobispo ordenase directamente el cambio de cerradura.

La conversación telefónica en la que «grita» a Martínez Medina que «él -el arzobispo- es el único dueño de la Catedral y que si no detiene la publicación del libro pagará las consecuencias y que con látigo le enseñará a obedecerle, acusándole de ser un mal sacerdote», tampoco es delito para el juez Torres.

A lo sumo, «muestra su talante y el interés por evitar la publicación a toda costa». Martínez Medina no podía hacer nada por evitar la publicación. Los autores de los textos se negaron a entregarlos y pidieron una reunión con el arzobispo, que nunca se produjo. Así que «ningún reproche cabe» al sacerdote. El proyecto siguió adelante de la mano de CajaSur, lo que desató que el arzobispo emprendiese medidas «a la desesperada».

Cita varias, pero en la que concierne al delito recoge el decreto en el que expone a Martínez Medina que a cambio de que devuelva al Cabildo los bienes que tenga en su poder -bienes desconocidos hasta la fecha-, de que paralice la publicación del libro y de que medie con los autores para que entreguen los textos, no será suspendido definitivamente del sacerdocio. «Si paraliza el libro, será perdonado», resume el juez. Y así sí estaría el delito porque constituye una «coerción inadmisible» que fue aderezada con una suspensión del sueldo.

Lo más sorprendente de este asunto es que ni el arzobispo ni el Cabildo tenían derecho alguno sobre el libro de la discordia. Y así lo resalta el juez en su resolución. Nunca firmaron contrato alguno con los autores de los textos que reclamaba y la Ley de propiedad Intelectual prevalecería en este caso. Esta circunstancia deja en evidencia un entuerto que parece viciado desde su origen.

Al hilo de esto último, el juez se permite recordar al arzobispo con su resolución judicial que «si en lugar de actuar de una forma un tanto prepotente (…) se hubiese reunido con ellos» quizá hubiese solucionado todo el problema obteniendo lo que perseguía.

rociomendoza@ideal.es

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Cuando el pecado es delito
El juez Torres condena al arzobispo de Granada y deja claro que la Iglesia debe someterse a la ley

por RAÚL BOCANEGRA - Sevilla - 10/12/2007 21:46

Y el arzobispo fue por primera vez condenado por la justicia de los hombres. Ni siquiera el testimonio “faltando a la verdad” de los sacerdotes de la catedral –subordinados que le deben obediencia– impidieron que Francisco Javier Martínez Fernández, prelado de Granada, deba pagar 3.650 euros de multa por un delito (pecado) de coacciones y 150 más por una falta (pecado) de injurias a otro sacerdote de su diócesis, Francisco Javier Martínez Medina. Sin embargo, el magistrado Miguel Ángel Torres, famoso por haber instruido el caso Malaya contra la corrupción, absolvió al arzobispo de los delitos (pecados) de lesiones psicológicas y contra la integridad moral. El arzobispo, que podría ir a la cárcel si no paga la multa, puede recurrir.

La histórica sentencia, del pasado 7 de diciembre, impone límites al poder de la curia eclesiástica sobre sus subordinados y deja meridianamente claro que los obispos y arzobispos, en el ejercicio de su cargo, están sometidos a las leyes de los hombres: “El Estado no puede quedar inactivo en el caso de que la normativa canónica o su aplicación por las autoridades pueda atentar contra los derechos de las personas”, escribe Torres. Y agrega: “Los poderes públicos en estos casos están obligados a actuar”.

La defensa del arzobispo alegaba la incompetencia de la justicia terrenal para resolver el caso dado que el sacerdote está sometido al poder de Martínez Fernández en el seno de la Iglesia. Torres rechaza el argumento y recuerda que los privilegios desaparecieron de España en 1.976, con el acuerdo entre el Estado y la Santa Sede. Añade, además, que “la facultad de organizarse de la Iglesia católica tiene que tener como límite el orden público y los derechos y libertades reconocidos en la Constitución”. Exactamente igual que cualquier asociación. Y para que no quede lugar a dudas de la idoneidad del juicio, remacha: “En el orden penal, aunque en el seno de la Iglesia, la situación del arzobispo y del sacerdote sea diferente, se trata sin más de dos ciudadanos iguales en derechos y obligaciones”.

Delitos y faltas

El juez Torres asume que todo el asunto entre el arzobispo y el sacerdote se resume en el afán de “desterrar” a Cajasur, caja de la Iglesia, de los asuntos relacionados con la diócesis de Granada. Martínez Fernández, obispo de Córdoba entre 1996 y 2003, cuando fue trasladado a Granada, había mantenido sonados enfrentamientos con Miguel Castillejo, entonces presidente de la entidad de ahorro cordobesa. Martínez Medina gozaba de la confianza de Antonio Cañizares, anterior arzobispo de Granada, y de Castillejo, quien le nombró consejero general de Cajasur.

Cuando el arzobispo desembarcó en Granada, el sacerdote Martínez Medina estaba al cargo de dos proyectos, ambos financiados por Cajasur, para conmemorar el V centenario de la muerte de la Reina Isabel la católica: la creación de un museo de la catedral y la edición de un libro sobre el templo. “La intención [del arzobispo] era romper toda la relación con Cajasur, malogrando los proyectos en curso”. El juez considera que así puede actuar el arzobispo en cumplimiento de su cometido eclesial. El museo lo paralizó rápido, pero el libro siguió su curso, impulsado por la caja cordobesa, a pesar de que Martínez Medina, en cumplimiento de las órdenes arzobispales se retiró.

Así, “en su afán” por bloquear el estudio, Martínez Fernández se extralimitó. “El arzobispo llama por teléfono a Martínez Medina y a gritos le dice que él es el único dueño de la catedral y que si no detiene la publicación del libro pagará sus consecuencias y que con látigo le enseñará a obedecer, acusándole de ser un mal sacerdote”, reza el fallo. Sin embargo, estas frases no provocan la falta de injurias, que proviene de una carta en la que el arzobispo acusaba en falso al sacerdote de “apropiación indebida y extorsión a la Iglesia”.

Torres entiende que el prelado cometió el delito de coacciones al suspender a su subordinado de su puesto, en lugar de echarlo sin más. “Trataba de presionar a Martínez Medina de modo que si quería volver a su cargo, tenía que impedir la publicación del libro”, escribe. El juez rechaza, sin embargo, las acusaciones de mobbing porque, aunque el sacerdote “ha sufrido un ataque a su dignidad y libertad”, la actuación del arzobispo no es “la causa de todos sus males”. En medio del caso, murió su madre.

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Otros arículos del mismo dossier

12/12/2007

Canarias, puerta española de Europa

Canarias, puerta española de Europa

Permalink 11.12.07 @ 23:58:38. Archivado en Europa, Universidades, España, Antropología, Pro amicitia universale, Ética, Migraciones, Pro justitia et libertate

Queremos que los Canarios sepan que hemos oído su llamada urgente a España y a Europa. Por eso, una vez más hacemos eco desde Bruselas a sus mensajes, difundiéndolos por todos los medios que están a nuestro alcance, tanto aquí, en el corazón de Europa, como en España y América.

Nuestro llamamiento del 28.08.06 sigue siendo de urgente actualidad.

Rogamos a quienquiera que nos lea, universitario o universalista, que difunda estos mensajes entre todas las personas que se sienten comprometidas con las grandes causas de la humanidad. La causa presente no admite más dilaciones: se trata, a diario, de la vida o muerte de miles de personas desesperadas, que solicitan nuestra ayuda para poder sobrevivir.

Como lo recuerda el presidente Adán Martín, Canarias es la puerta de entrada a Europa para millones de personas que huyen de la miseria, la guerra, la muerte.

Si continúa la tendencia actual en la avalancha de cayucos y pateras que Canarias está soportando, acabará el año con más de 25.000 inmigrantes llegados a Europa por esta vía española de Canarias.

Ante este gravísimo problema, que se plantea cada día en toda su crudeza a todos los europeos y no solamente a los Canarios, los ciudadanos europeos deben sacudir su conciencia y actuar sin dilación como lo han hecho los Canarios, que lo han asumido hasta ahora solos con plena generosidad. Se trata de la vida o muerte de miles de personas desesperadas que solicitan nuestra ayuda.

Canarias está cumpliendo con creces el deber moral de ayuda a los inmigrantes irregulares más allá de la responsabilidad asumida por el Estado o la UE.

Los desplazamientos de población son un fenómeno mundial que continuará mientras continúen las diferencias entre el mundo rico y el pobre. Mientras no las corrijamos, estas diferencias no serán coyunturales sino estructurales.

Tengamos el valor de comparar las migraciones humanas con las migraciones animales. ¿Quién se atreve a negar a los seres humanos en peligro de muerte lo que no le negamos a los animales dos o más veces al año?

Tengamos igualmente el valor de comparar las migraciones humanas motivadas por la pobreza, el hambre, la falta de libertad o de trabajo con las migraciones humanas motivadas por la riqueza, la gula, el libertinaje o la pereza.

Como lo recuerda el presidente Adán Martín, los desplazamientos de población de los desesperados de África son sobre todo y ante todo un problema protagonizado por seres humanos que necesitan la ayuda de sus semejantes. Necesitan ayuda en origen, para que sus patrias dejen de ser un territorio del que salir huyendo. Y necesitan ayuda en destino, cuando esa huída ya se ha producido y llegan «a este lado de la valla» sin más posesión que su vida y su desesperación.

El pueblo de Canarias ha atendido -sólo en lo que llevamos de 2006- a más 18.000 inmigrantes en sus costas.

No podemos seguir perdiendo un tiempo precioso, un tiempo que representa para muchos seres humanos la diferencia entre la vida y la muerte.

Las autoridades canarias llevan años anunciando que esto podría ocurrir y que era necesario anticiparse al problema.

Son necesarias la coordinación y la colaboración entre administraciones. La acción conjunta de España y Europa, una política común que encauce un problema que es de todos, no sólo de Canarias.

Es necesario sensibilizar a los educadores, a los universitarios, a los líderes sociales y religiosos y a los medios de comunicación de los países de origen de estas migraciones sobre los riesgos que comporta un viaje a la desesperada. También hay que informarlos sobre la realidad a la que se van a enfrentar los emigrantes cuando lleguen a su destino europeo.

Es necesario concebir y practicar una política voluntarista europea de ayuda a los países de origen.

Es urgente organizar una lucha internacional euro-africana, concertada e implacable, contra las mafias que trafican con seres humanos.

Hay que concebir y practicar una política coherente europea de repatriación respetuosa pero eficaz de inmigrantes irregulares; en el caso de menores, hay que practicar la obligación legal del reagrupamiento familiar.

Hay que concebir y practicar una política justa europea de redistribución equitativa de inmigrantes en los centros de toda España y de Europa, para evitar el colapso de los que se encuentran en territorio canario.

Hay que concebir y practicar una política europea de control de fronteras aéreas y marítimas.

Es necesario regular los flujos de inmigrantes, para que haya unos cupos a los que se les pueda garantizar esa nueva vida que esperan.

Es necesario, sobre todo, ante la avalancha actual, actuar concreta y generosamente como lo están haciendo los Canarios. Y hacerlo ya, sin permitir que sigan asumiendo este reto sin precedentes los Canarios solos.

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10/12/2007

Todos venimos de África

Todos venimos de África

Permalink 10.12.07 @ 15:20:00. Archivado en Europa, Universidades, España, Sociogenética, Antropología, Pro amicitia universale, Ética, Educación, Migraciones, Pro justitia et libertate

Publiqué este artículo por la primera vez el 13.10.05. Vuelvo a publicarlo hoy, sin cambiar una sola palabra, porque desgraciadamente la actualidad de su tema se ha transformado en urgencia de enfermo terminal, olvidado hasta hoy sin cuidados intensivos en un rincón de los largos pasillos de nuestra burocracia europea.

Espero que la cumbre de Lisboa haya imaginado cambiar algo al ritmo de la terrible mutación estructural, que yo había anunciado como inminente en mi artículo de hace ya más de dos años, y que no ha cesado de agravarse desde entonces. Espero que los anteproyectos de educación, puestos de trabajo e infraestructuras, repetidos una vez más por nuestros políticos, no se queden en simples proyectos de formularios, que serán a su vez arrumbados en despachos euro-rutinarios, cuyas prioridades estratégicas son diferentes.

Me prohíbo el recordaros la cantidad de cadáveres y de decepciones que ha costado ya este olvido sistemático de África por nuestros ejecutivos europeos. Preguntádselo a mis amigos canarios y costasoleros, que son quienes viven el día a día de esta tragedia, que seguirá siendo vergonzosa mientras no la remediemos como cosa nuestra entre todos los europeos.

Espero que el recuerdo actual de África por Europa no sea de nuevo un rollito de buenos sentimientos, cuya eficacia se limite una vez más a hacernos creer que no somos olvidadizos, sino justos y buenos con nuestros ancestros africanos.

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La ciencia nos afirma que toda la humanidad viene de África. Así que no debemos sorprendernos de que la inmigración africana llame hoy a las puertas de Europa como lo hicieron, antes de que nuestra historia comenzara, nuestros propios ancestros.

La Unión Europea está descubriendo estos días, como ya lo hizo con ocasión del reforzamiento de las fronteras de Ceuta y Melilla, en octubre del 2005, que el drama que estamos contemplando, esta vez con visos de invasión en las islas Canarias, no es algo meramente circunstancial, sino que es el síntoma más llamativo de un cambio estructural.

Como era previsible, la relación entre nuestra familia africana y nosotros mismos, sus herederos europeos, no sólo debe cambiar sino que ya está cambiando estructuralmente. No es justo que en la nueva era de la globalización ya más que iniciada, ellos sigan siendo los familiares pobres, a pesar de sus ingentes riquezas en humanidad y en bienes naturales de todo tipo, mientras que nosotros, como niños consentidos de padres ricos, disfrutamos de todos los caprichos y juguetes de nuestra insolidaria riqueza.

¿Estamos en un recodo de la historia? Para mí no hay duda de ello. Los inmigrantes de hoy nos están recordando que si nuestra propia inmigración, reciente para algunos y atávica para todos, nos resultó benéfica, este beneficio debe favorecer a toda la familia, que sin lugar a dudas es euro-africana. También nos ayudan a recordar que buena parte de nuestros bienes actuales proceden de África como lo saben muy bien nuestros recientes colonizadores. También lo saben, aunque lo ocultan, los actuales neo-colonizadores de los ingentes recursos naturales africanos, ocultación que obedece a que estos bienes, cuyo valor incalculable tiene abierto el apetito de los mayores lobos globales, están hipotecados hoy por nuestros financieros más avaros.

Al releer los artículos que yo escribí en octubre, es muy importante tener en cuenta todas estas verdades, que con frecuencia nos ocultamos a nosotros mismos, unos por falta de cultura y otros por falta de sinceridad. Estas verdades pueden ser resumidas en una frase, que someto a la consideración de unos y otros: Tanto nuestro pasado más remoto como buena parte de nuestro futuro más inmediato están en África.

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